Venezuela, donde el salario
mínimo ronda los tres dólares, ha entrado en hiperinflación, según los cálculos
extraoficiales de varias firmas de asesoría financiera y de la Asamblea
Nacional.
Con una subida mensual del 50% de los precios en octubre se ha
cumplido con la premisa establecida en la definición formal de esta noción
económica. La principal consecuencia es que el coste de todos los bienes se ha
desbocado. A falta de las cifras oficiales, el antiguo Parlamento dominado por
la oposición al régimen de Nicolás Maduro, que sigue funcionando, ha asegurado
que entre enero y noviembre el indicador llegó a 825,7%, el más alto del mundo.
Las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntan que, si
no se revierte esta tendencia, Venezuela podría rozar en 2022 una inflación del
4.700%.
Los precios cambian semana a
semana y los aumentos decretados por el Gobierno no bastan para cubrir las necesidades
de una familia de cinco personas. Para completar el coste de la cesta básica
familiar, que en septiembre casi alcanzó los cuatro millones de bolívares,
según los cálculos del Centro de Documentación y Análisis Social de la
Federación Venezolana de Maestros, esa familia debería ganar más de ocho
salarios mínimos, que con los bonos de alimentación apenas supera los seis
dólares.
Casi todos los bienes aparecen y
desaparecen como si fuesen frutos de temporada. El Gobierno obliga a los
supermercados a que el precio esté impreso en cada producto, por lo que los
comerciantes no pueden cambiar los precios siguiendo la evolución del dólar en
el mercado negro, en el que muchos se abastecen. El temor a las ruidosas
inspecciones de la superintendencia de precios los disuade de esos cambios,
pero si no hay modificaciones en la oferta de bienes aumenta la escasez.
Cada vez que esos bienes
—pañales, papel higiénico, etc.— reaparecen intentan perseguir sin éxito a la
liebre de la moneda estadounidense. Solo en la semana pasada el dólar pasó de
46.238 a 52.128 bolívares. No se espera un cambio en esa práctica porque el
régimen, afianzado tras la victoria de las elecciones parlamentarias y muy a
pesar de las sanciones de Washington y la Unión Europea, ha apostado por
endurecer los controles de precios y las fiscalizaciones. En su programa de
televisión Maduro prometió iniciar “una severa fiscalización a 11.890
establecimientos comerciales” para evitar la especulación y que se remarquen
los precios. La Asamblea Nacional Constituyente, la cámara chavista que asumió
las funciones del Parlamento, ha prometido aprobar en las próximas horas una
“ley de precios acordados”, que fijará los precios de 50 productos.
Lucía Rodríguez - 4ºESO
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