Las estrecheces por las que atraviesan una parte de los empresarios como consecuencia de las continuas restricciones por el coronavirus serán finalmente soliviantadas con más fondos públicos, aunque tendrán que esperar varias semanas más para recibir ese apoyo. El Gobierno tiene previsto aprobar de forma inminente su plan de ayudas, justo un año después de que el Consejo de Ministros autorizara el primer estado de alerta. Pero su puesta en marcha, esto es, la llegada del dinero por las diferentes vías que se habilitarán, no será una realidad previsiblemente hasta que el segundo trimestre se encuentre avanzado.
El plan estará estructurado en tres grandes líneas de apoyos, según fuentes gubernamentales. Por un lado, Economía ha incluido un paquete para seguir impulsando ayudas directas, dotando de recursos a las comunidades autónomas, que las pondrán en marcha con las aportaciones que realice el Estado. Serán los Gobiernos regionales los encargados en última instancia de habilitar estas inyecciones de dinero que muchos empresarios, hostelería y turismo, a grandes rasgos esperan como agua de mayo. Las comunidades han comunicado ya a Hacienda que destinarán 2.000 millones para pymes y autónomos: un 25% del dinero que el Gobierno había decidido transferirles a través de los fondos europeos.
La otra gran medida supone el alivio de la carga financiera de las empresas. En este caso, la negociación ha sido más compleja, ya que el Gobierno necesitaba la colaboración de la banca. Las entidades habilitarán la reestructuración de la deuda de las empresas que hayan obtenido créditos con avales públicos del ICO, que tendrá su protagonismo en este programa. Lo harán, pero bajo criterios estrictamente financieros. Porque, como anticipaba el gobernador del Banco de España esta misma semana, la crisis actual no puede derivar en una crisis financiera como la de hace una década si se obliga a los bancos a tomar determinadas medidas, como las quitas. De hecho, esta posibilidad será la última opción. Para articular este sistema, se creará un código de buenas prácticas para que las entidades trabajen bajo esas premisas genéricas.
Manuel Brito Rufaco 4C
