Ante la situación, el empresario buscó «amparo institucional» hasta dar con el abogado y fundador de la plataforma, Juli Prat, que «empezó a trabajar en la demanda el 10 de enero, con la primera alerta de la OMS». Juli Prat, propietario de dos complejos de cines y diversos locales de ocio nocturno, asegura que resultó «muy perjudicado» cuando sus establecimientos quedaron totalmente cerrados, por lo que decidió crear PEACovid-19 junto a un equipo de expertos. «La demanda, apoyada por más de 30 argumentos jurídicos, se basa en la infracción de derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la empresa o el derecho a la libre circulación», afirma Prat. Prat cree que la Administración «no dirá nada o desestimará ya de entrada», por lo que, transcurridos los seis meses, se presentaría la demanda ante el Tribunal Supremo y el Estado tendría 20 días hábiles para presentarse.
«Confío en la profesionalidad y la competencia de los magistrados del Tribunal Supremo, libres de influencias externas», concluye Prat, aunque no descarta llegar hasta los tribunales europeos si hiciera falta. Los empresarios que se quieran adherir a la demanda conjunta pueden hacerlo con el «pago de entre 200 y 300 euros simbólicos, lo suficiente para hacer las fotocopias», según manifiesta Prat.
Andrea Silva 4C.
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