Queda menos de un mes para que acabe el año y los nueve millones de pensionistas y los tres millones de empleados públicos que hay en España todavía desconocen cómo serán sus nóminas en 2020. Enredado en el reparto de ministerios con su socio Podemos y en lograr apoyos para la investidura con los independentistas catalanes Pedro Sánchez tiene pendiente decisiones que tienen en vilo a ambos colectivos, teniendo en cuenta que aún no ha aclarado qué referencia utilizará para aumentar las rentas de los mayores y, sobre todo, cuándo lo hará. Lo mismo ocurre con los empleados públicos, que saben que sus rentas aumentarán un 2% en línea con lo pactado entre el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y los sindicatos, pero desconocen cuándo irrumpirá esta subida.
La única mención a la revalorización de las nóminas de los jubilados está incluida en el escenario remitido hace unas semanas a Bruselas, en el que se explicaba que la subida que se aplicará a los jubilados el próximo ejercicio es del 0,9%, un alza con el que el Gobierno pretende garantizar el poder adquisitivo, lo también significa que estima una inflación inferior al 1% el próximo año. Este incremento de las pensiones complementará al alza del 1,6% aplicado este ejercicio en un entorno de clara desaceleración de los precios, y, de producirse, supondrá que el colectivo habría ganado en 2019 en torno a un 1% de poder adquisitivo, un beneficio que quedará consolidado este año cuando se aplique el alza del 0,9%, porcentaje que equivale a unos 9 euros para una pensión media y tendrá un coste de 1.404 millones. Esta subida, en principio, cubriría las exigencias de los de Pablo Iglesias, que apuestan por la actualización con el «IPC real», un mecanismo que se propone blindarlo por ley.
Pero ¿qué ocurrirá si el Gobierno sigue en funciones en diciembre? Esta situación no impediría que pueda acometer la subida por la vía del decreto ley, como ya ocurrió con las entregas a cuenta a las comunidades autónomas que se aprobaron con la misma fórmula y estando en funciones. Fuentes cercanas al Ejecutivo consultadas por este periódico insisten en que están en plenas facultades para aprobar un real decreto ley, porque entienden que la subida de las pensiones es una medida de «urgente necesidad».
El presidente no está dispuesto a enfrentarse a los pensionistas, en pie de guerra desde que en 2017 comenzaran a movilizarse en el País Vasco, curiosamente donde se cobran las pensiones más elevadas de toda España. Sabe el poder que tienen y no puede permitirse que le pase factura. Este movimiento de protesta terminó siendo determinante en las maniobras previas a la moción de censura a Gobierno de Mariano Rajoy el 1 de junio de 2018. De hecho, el expresidente le ofreció al PNV un acuerdo presupuestario con una oferta cuya trascendencia e impacto económico no tardará en impactar en el ya débil sistema de pensiones: aceptó prescindir del Índice de Revalorización de las pensiones en 2018 y 2019, y cedió a posponer hasta 2023 la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad que tendría que haberse aplicado este mismo año.
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